En octubre de 1554, Ana Rodríguez de Tirado, viuda de Francisco Soto, recibió merced de tierras donde ella y su marido se habían establecido años atrás. Poco más tarde, las autoridades concedieron más terrenos, ampliando la merced, en términos del pueblo de Maravatío.
A su vez, Melchora de Guzmán adquirió del virrey marqués de Guadalcázar un sitio de estancia para ganado menor en la misma jurisdicción, y otra para ganado mayor, cuya mitad vendió a Pedro de Ibarra. Con estos predios se conformó, a fines del siglo XVI, la Hacienda de Soto, la que seguramente tomó su nombre del apellido de Francisco de Soto, cónyuge de Ana Rodríguez.
Hacia 1632, pertenecía a Juan de Tuesta Robles, quien la heredó de su padre, Alonso Tuesta Robles, que figuraba como propietario de tierras desde el último tercio del siglo XVI. Este se encargó de reunir las mercedes hechas a Ana Rodríguez y Melchora Guzmán en una sola propiedad. En ese año, Diego Vergara era usufructuario de una porción de la hacienda, copropietario de Juan de Tuesta. En 1675 fue vendida, junto con la Huerta y Huapamacataro, a don Diego Carrillo Altamirano en 11 000 pesos. En ese tiempo, todas reportaban gravámenes a instituciones religiosas de Valladolid.
En 1862 formaba parte del latifundio conformado por las haciendas de la Huerta, Huapamacataro, Puquichamuco (Santa Elena), Casa Blanca y Chincua.
A fines del siglo, Diego Fernández, con la representación de Carrillo Altamirano, enajenó la finca a favor de don García de Villaseñor y Castillo, y su heredero Nicolás la vendió en Acámbaro, en el año de 1698, a sus cuñados Pedro y Jerónimo de Balbuena y Figueroa.
Pasó también a ser propiedad de Cristóbal de Llano, Francisco Javier Paulín y de sus herederos. Subsistió como latifundio en el siglo XIX, en el que, a raíz de la Ley Juárez, se disfrazó la capilla como sala de estar a fin de no realizar culto público que provocara la nacionalización por parte del gobierno, quedando así libre de sospecha que la convirtiera en propiedad de la nación. Durante la reforma agraria, los dueños repartieron gran parte de las tierras entre los parceleros, quedando así libre de las agresiones de los peticionarios ejidales, lo que permitió que continuara como minifundio y que el casco se conservase en manos de particulares, aunque la capilla como tal desapareció.
Lo único que resta de la Hacienda de Soto después de la reforma agraria, que la despojó de sus tierras convirtiéndola en un minifundio imposible de sustentar con su producción agrícola, es el casco de la “casa grande”, uno de los pocos que no fueron destruidos totalmente por los ataques de la época cristera o el saqueo de los futuros ejidatarios.
Daniel Barajas, vecino de Áporo, nos dice que la capilla forma parte del casco y que comunica a la que fue la recámara principal y el pasillo interior que rodea al patio central. No obstante, debido a que nadie habita en ella, no pudimos verificar este hecho. Lo que sí sabemos es que contaba con capilla, dado que sus propietarios engrosaron las filas de Chaparro en la defensa de Cristo Rey en la región oriente del estado.
Seguramente esta capilla no estuvo abierta al culto público más que en algunas reservadas ocasiones; no obstante, la encontramos registrada entre los Bienes Nacionalizados de Hacienda.
La casona, de planta cuadrada, cuenta con pórtico al frente formado por nueve arcos rebajados que se apoyan sobre esbeltas columnas toscanas. El pórtico tiene piso enlosado de cantera y viguería en el techo plano. El paramento de la fachada se corta al centro por el portón, que se flanquea por dos amplios ventanales, todos con jambas y dintel de grueso entablamento, con friso sin decorar y repisones de cantera. Los muros son de piedra volcánica con cal, lo que permitió que resistieran los ataques de Inés Chávez y sus cuadrillas.
Cercana a la casa se encuentran dos trojes, una descubierta y la otra de menor tamaño, que inicialmente pensamos que correspondía a la capilla.
